Los medios públicos mexicanos. ¿Hacia dónde vamos?
- Héctor Alonso Pérez
- 18 ago 2022
- 10 Min. de lectura
Actualizado: 22 ago 2022
Recientemente, he revisado, como no lo había hecho antes, diversa información sobre los medios públicos, en especial los mexicanos. A partir de ahí, decidí lanzarme a escribir en este espacio sobre el tema.
Antes que nada, me gustaría empezar por abrir la discusión entorno a los medios de comunicación, que desde mi perspectiva, son medios de información (como ya lo venía señalando desde hace más de medio siglo Antonio Pasquali). La diferencia radica en que para que haya comunicación, es imprescindible que exista un diálogo circular, y no unidireccional ni lineal, como viene sucediendo desde los medios de información, de ahí que prefiera esta segunda categorización.
En todo caso, las redes sociodigitales si podrían ser consideradas medios de comunicación, y no de información, pues, aunque muchas personas les utilizan como fuentes para informarse, lo cierto es que no cuentan con estándares de rigurosidad que puedan garantizar la calidad y autenticidad de la información. Dentro de estas plataformas circulan múltiples "informaciones" que sólo buscan desinformar a les ususaries, sin embargo, su rol para establecer contacto con otras personas es indiscutible, por lo que garantiza más la comunicación.
Ahora bien, la importancia de los medios públicos dentro de cualquier país, medianamente democrático, radica en que su función social es imprescindible para las audiencias y la formación de ciudadanías críticas. Los medios públicos, a diferencia de los medios privados, no buscan ganancias económicas ni tienen fines comerciales, su objetivo es llevar contenidos de calidad a la población mexicana, sobre todo a los lugares más remotos.
La radiodifusión pública busca la participación y el acceso de la ciudadanía a la educación, a la cultura, al conocimiento, a la información y a la esfera pública; por lo que se debe caracterizar por los principios de universalidad, pluralidad e independencia. En otras palabras, debe ser de amplia cobertura, con contenidos que reflejen la diversidad de la nación y con capacidad para actuar con autonomía del poder político.
Como su vocación es de servicio social, no de vocería del oficialismo, deben distinguirse por la participación activa de sus audiencias. En este sentido, es de vital importancia contar con medios públicos apropiados por la ciudadanía, capaces de garantizar sus derechos a la Información y a la Comunicación y de formarles un sentido crítico y reflexivo que les ayude en su toma de decisiones, tanto en lo privado como en lo público .
En este sentido, me gustaría destacar brevemente algunos momentos clave para entender el sistema de medios mexicano, en especial lo concerniente a la radiodifusión publica.
En primer lugar, la denominada Ley Televisa, un conjunto de modificaciones a la Ley Federal de Radio y Televisión y a la Ley Federal de Telecomunicaciones, entre 2005 y 2006. Autoras como Carmen Patricia Ortega Ramírez y Aleida Calleja (por mencionar algunas), señalan que estas reformas eran producto de las principales televisoras del país, y en perjuicio de los intereses de la población general.
Dentro de este proceso se dieron varias manifestaciones políticas por parte de varios medios públicos, por ejemplo, el desplegado publicado en la prensa nacional y firmado por medios públicos nacionales, estales, universitarios y de instituciones privadas, donde señalaban la desventaja con que quedaría la radiodifusión pública frente a la Ley Televisa. Sin embargo, el episodio más fuerte sucedió cuando el Instituto Mexicano de la Radio (IMER) transmitió una sola canción, distinta en cada una de sus estaciones, durante 24 horas, y con un mensaje de protesta entre cortes, por primera vez en la historia, un medio público mexicano enfrentaba tan directamente a uno de los poderes del Estado.
Aunado a lo anterior, los conflictos de intereses no se hicieron esperar, pues, una vez aprobadas las modificaciones, varios de sus promotores y defensores fueron a parar a cargos importantes en la industria mediática. Eduardo Ruiz Vega fue designado comisionado dentro de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) y, Federico González Luna llegó como asesor de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT)
Sin embargo, en 2007 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucionales varios de los artículos reformados, muchos de los cuales beneficiaban a los medios comerciales. Lo interesante del proceso llevado por la Corte, fue que se realizaron audiencias públicas previo a la discusión de los artículos y las sesiones del pleno fueron abiertas y transmitidas por el Canal Judicial. Para muchas personas resultó inédito lo realizado por la Corte Suprema, ya que era algo que no se esperaba sucediera, y que no se había dado antes.
Entre reforma y reforma, en 2010, el gobierno de Felipe Calderón creo el Organismo Operador de Medios Audiovisuales (OPMA), dependiente de la Secretaría de Gobernación. Y más tarde, en 2012, el canal de televisión Una voz con todos, dentro de la frecuencia del canal 30 (más tarde migraría al canal 14), empezó transmisiones en la Ciudad de México y su Zona Metropolitana.
Una vez llegado el gobierno de Enrique Peña Nieto, que dicho sea de paso, fue impulsado y apoyado por las corporaciones mediáticas del país (principalmente Televisa), se echo a andar el "Pacto por México", la alianza legislativa de los tres principales partidos políticos del país (PRI, PAN y PRD) que buscaba gobernar con un tono conciliatorio.
Una de las principales metas del pacto, fue impulsar y aprobar las "reformas estructurales" del gobierno peñanietista, dentro de dichas reformas se encontraba una en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. En 2013 se llevaron a cabo los cambios constitucionales en la materia, y al año siguiente la creación de las leyes secundarias, que llegaban en sustitución de las anteriormente mencionadas.
Con estas reformas se lograron algunos avances que en años anteriores no se permitieron, de los cuales se pueden destacar 3 muy importantes:
La creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como órgano autónomo regulador del sector de telecomunicaciones y radiodifusión, que sustituía a la COFETEL (dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes). Las facultades otorgadas al instituto eran de los mayores logros, sobre todo en materia de derechos informativos y de las audiencias (aunque también en telecomunicaciones hubo muchos avances).
La creación del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) como organismo público descentralizado que reemplazaba al OPMA. El SPR dotó de la organización y la certeza jurídica que los medios públicos nunca habían tenido y que, no se trató de darles en reformas anteriores. El SPR también tomo el control del único canal administrado por el gobierno (desde que en 1993 se privatizó Imevisión), que ahora se transformaría en Canal 14.
El último punto destacable es en materia de audiencias, por primera vez en la historia del país, las audiencias tendrían quién les defendiera frente a los medios, los cuales estaban obligados a contar con una Defensoría de las Audiencias, ya no era opcional como antes. Este cambio significó la transformación de las personas receptoras, que pasaron de meras consumidoras, a audiencias con derechos protegidos por la Constitución.
Aunque muchos de los cambios realizados se quedaron más cortos en las leyes secundarias que en lo aprobado en la constitución, para diverses autores, no se pueden escatimar los avances logrados, sobre todo si se compara con la Ley Televisa.
Pero aunque todo parecía miel sobre hojuelas, a principios de 2017 todo cambió. Para autores como Javier Esteinou Madrid, el poder mediático le empezaba a cobrar factura a Peña Nieto, por su apoyo en la campaña presidencial de 2012. Los dos poderes contradijeron lo que habían aprobado anteriormente, el Senado solicitó una controversia contra el IFT (porque estaba excediendo sus funciones) y el ejecutivo federal hizo lo mismo contra el Congreso, por supuestos vicios de origen.
Sin embargo, la Cámara de les diputades decidió emprender su propio camino y no esperar hasta que la Corte resolviera. En abril de ese año, la cámara baja inicio las discusiones para modificar diversos artículos de la ley vigente, y a finales de año ambas cámaras aprobaron los cambios. La reforma, de la reforma, respondía a los intereses y presiones del poder mediático, y los principales retrocesos se dieron en las atribuciones del IFT y en los Derechos de las Audiencias.
Como lo ha señalado Esteinou Madrid, el Estado estaba renunciando a su responsabilidad de velar por los derechos y necesidades informativas y comunicativas de la población mexicana.
Pero en 2018 pasó lo que años atrás era impensable, llegó un gobierno vinculado a la izquierda mexicana. Las, les y los votantes decidieron optar por la propuesta política que ofrecía un cambio radical, pues, había hartazgo hacia los partidos tradicionales, la corrupción y la violencia, entre muchos otros factores que influyeron en el resultado final.
Las elecciones de aquel año fueron la válvula de escape para evitar un estallido social, como los que sucedieron en Colombia y en Chile. Con la llegada del gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, también se registro una reconfiguración de los medios públicos; el gobierno mostraba un mayor interés y compromiso por fortalecerlos, esto se reflejó al nombrar a perfiles profesionales y capacitados al frente de los mismos, por ejemplo, Jenaro Villamil (en el SPR), Gabriel Sosa Plata (Radio Educación), Aleida Calleja (IMER), Armando Casas (Canal 22) y Lidia Camacho (Dirección General de Televisión Educativa).
El que personas con amplia trayectoria académica, profesional y social, además de un claro compromiso con los medios públicos (y conscientes de sus problemas), estuvieran al frente de la radiodifusión pública, brindaba esperanza para muches de quienes creemos y defendemos los medios públicos, como si una nueva, en beneficio de las audiencias, era llegara.
Sin embargo, Javier Esteinou Madrid, en entrevista para Gabriel Sosa Plata (quien ya no está al frente de Radio Educación) en el programa Media 20.1 de TV UNAM, señaló que él identifica una guerra informativa entre los medios comerciales y el gobierno, donde los medios públicos están jugando un papel oficialista, por lo que les observa como aparatos ideológicos del Estado.
Además, observa un claro descuido de los Derechos de las Audiencias, contrario en lo establecido por la Corte Suprema, y permitiendo que los medios privados vean en la comunicación (e información) una mercancía y no un derecho. En contraste, Sosa Plata señala que, en su experiencia, los medios públicos están más equilibrados, por lo que le parece importante matizar cuando se dice que son "oficialista".
Sin duda alguna, es cierto que, cuando entró el nuevo gobierno llegaron personas cercanas a su proyecto a las producciones de los medios públicos, pero también es cierto que, aunque algunes mantienen ciertos tintes oficialistas, otres han mostrado pluralismo y crítica.
Recientemente, el SPR ha lanzado nuevos medios y plataformas tratando de apostar por lo digital, por ejemplo, Altavoz Radio, el sitio web de Canal 14, la plataforma Infodemi@ (que busca combatir la desinformación) y, SPR INFORMA, una especie de agencia informativa del sistema; con lo que claramente buscan darle un giro distinto al que se venía manejando.
Aunado a lo anterior, también se ha buscado explotar la plataforma Mx Play (lanzada desde el sexenio pasado), la cual tiene gran potencial, como lo ha señalado Jorge Bravo. Pero, en realidad, dicha plataforma ha cedido al oficialismo, y sus redes sociodigitales no se utilizan para anunciar nuevas producciones, por lo que se ha quedado bastante limitada.
Esta oportunidad podría ser el rescate de la radiodifusión pública mexicana, entendiendo que, los hábitos de consumo están cambiando constantemente. La plataforma puede ser el medio para fortalecerles y vincularles con las audiencias, a fin de garantizarles su derechos a la Información y a la Comunicación. En esta nueva era, la población ha pasado de ser mera consumidora a prosumidora, es decir, producen y consumen contenidos.
En cuanto a la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (NOTIMEX), es vergonzosa la situación actual en la que se encuentra: un conflicto laboral reconocido por las autoridades, y una directora que hace caso omiso de la ley y usa los recursos públicos de la agencia para beneficio personal, como ampliamente ha sido reportado. El problema con les trabajadores no ha sido resuelto, y no hay indicios de que pueda ser así, Sanjuana Martínez, la directora, sigue manteniendo en funciones a NOTIMEX, cuando debería ser todo lo contrario porque está en huelga, legalmente.
Ahora bien, a principios de este año, la Suprema Corte determinó declarar inconstitucional algunas de las modificaciones de la reforma de 2017, con lo que, por un lado, ordena a los medios a diferenciar entre información y opinión, cosa a la que habría que analizar con mayor detenimiento, partiendo de que la objetividad no existe, pero que si es importante hacer notar a las audiencias cuando se está en un programa noticioso y cuando se emite una opinión personal.
Por otro lado, y lo más importante de esta sentencia, el máximo tribunal del país decidió eliminar el modelo autorregulatorio que existía para la elaboración de los códigos de ética de los medios. En otras palabras, la Corte ordenó al IFT emitir los lineamientos generales para que los medios elaboren sus códigos de ética a partir de ahí, lo que se considera en favor de los Derechos de las Audiencias, revirtiendo algunos artículos de la contrarreforma. Ante esta situación, la industria mediática salió de inmediato a protestar, acusando que esto limitaba la libertad de expresión.
Hoy en día, uno de los aspectos más importantes a considerar son los Derechos de las Audiencias, que siempre se habían mantenido al margen, tanto para el Estado, como para los medios privados. Cabe destacar que los medios públicos han sido los pioneros en establecer este tipo de mecanismos en favor de las audiencias, pues desde antes de la Ley Televisa ya lo hacían.
Un punto fundamental a considerar sobre el sistema de medios mexicano, es el rol de la publicidad oficial, que si bien se ha disminuido drásticamente en comparación con el sexenio pasado, no se ha dejado su manejo discrecional, y los grandes medios de información son los mismos beneficiarios de siempre.
Aunque la Corte ha hecho múltiples llamados al Congreso para legislar y establecer reglas claras, este ha hecho caso omiso, lo que merma la posibilidad de crear un ecosistema de medios funcional para las audiencias mexicanas.
En lo personal, creo que se han dado pasos importantes para caminar hacia una radiodifusión pública de servicio social, pero no con la suficiente fuerza y rapidez con que se requiere, y cada que se logra un avance, el empresariado mediático presiona para dar marcha atrás. El Estado mexicano siempre vela primero por los interese de los medios comerciales, y después por los de la población general, lo cual evidencia el tipo de clase política que tenemos en México.
Si bien, la llegada de perfiles profesionales y conscientes sobre el tema, a la dirección de los medios públicos, abre una posibilidad de cambio, lo cierto es que no se les puede dejar soles en el camino, pues no toda la responsabilidad es de elles, además, es importante garantizar su autonomía y sostenibilidad económica, para que no dependan del poder político cada que se negocie el presupuesto.
Y como hay algunos casos, no todas las personas tienen el compromiso social de mantener a los medios al servicio de la población, lo cual es lamentable, pues, son de la nación y no de grupos de intereses particulares.
Es importante seguir trabajando en la ruta para que la radiodifusión pública sea verdaderamente pública y ciudadana, no un aparato del Estado o gobierno, y para que dejen de servir a la clase política. La aspiración es tener medios críticos y reflexivos apropiados por las audiencias.
Si quieren ahondar sobre el tema, les recomiendo revisar las referencias. De igual forma, les dejo algunos documentos relacionados a varios de los temas aquí tratados, para su descarga y lectura.
Sin más, les escribo la próxima semana. Espero sus comentarios, dudas y recomendaciones.
Archivos recomendados para su descarga y lectura
Referencias
Bravo, J. (2019). Varios medios públicos, una sola misión. Economicón. https://economicon.mx/2019/02/12/varios-medios-publicos-una-sola-mision/
Calleja, A. (2009). La “ley Televisa” y el futuro de los medios comunitarios. En Esteinou Madrid, J. & Alva de la Selva, A. R. (Coord.), La “ley Televisa” y la lucha por el poder en México (pp. 403-414). UAM. http://bibliotecadigitalconeicc.iteso.mx/bitstream/handle/123456789/5055/2009_La%20Le y%20Televisa%20y%20la...pdf?sequence=1&isAllowed=y
Esteinou Madrid, J. (2017). La contrarreforma comunicativa hacia las audiencias, otra forma de violencia de Estado en México. Argumentos, 30(85), 137-156. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=59555067011
Ortega Ramírez, C. P. (2009). Los olvidados. “Ley televisa” y medios públicos. En Esteinou Madrid, J. & Alva de la Selva, A. R. (Coord.), La “ley Televisa” y la lucha por el poder en México (pp. 385-402). UAM. http://bibliotecadigitalconeicc.iteso.mx/bitstream/handle/123456789/5055/2009_La%20Le y%20Televisa%20y%20la...pdf?sequence=1&isAllowed=y
Reyes Márquez, R. (27 de enero de 2022). La Suprema Corte y el difícil equilibrio entre informar y opinar en los medios de comunicación. Nexos. https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/informar-u-opinar-esa-es-la-cuestion/
TVUNAM. [@TVUNAMoficial]. (02 de junio de 2022). En este nuevo proyecto de gobierno, ¿qué ocurrió con los medios de comunicación? [video]. Facebook. https://www.facebook.com/TVUNAMoficial/videos/545161263777704
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